LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. LA
CONSTITUCIÓN DE 1812
La Guerra de Independencia (1808 -1814) se produjo como reacción a la ocupación francesa cuando las tropas napoleónicas, al amparo del Tratado de Fontainebleau entraron en la Península camino de Portugal. Las abdicaciones de Bayona, por las que el monarca español, Carlos IV, cedió la corona a Napoleón y ésta, a su vez, la entregó a su hermano José, no fueron aceptadas por el pueblo español. El vacío de poder
resultante se intentó llenar con las Juntas locales y provinciales, luego reunidas en la Junta Suprema Central, órgano encargado de coordinar la insurrección y organizar un poder paralelo al de la corte de José I y sus colaboradores, llamados afrancesados por los patriotas, u oponentes al francés.
La guerra fue larga y dura. El emperador se vio obligado a acudir al frente de su Gran Armada tras la derrota de Bailén y los largos sitios de Gerona y Zaragoza. Aunque todo el país fue ocupado, los franceses nunca tuvieron el control efectivo del territorio debido a la acción de la guerrilla. La campaña rusa, en 1812, obligó a Napoleón a retirar la mitad de sus soldados en España, produciéndose entonces el rápido avance
de las tropas anglo-españolas al mando del general Wellington. En 1814, el Tratado de Valençay ponía fin a la guerra y devolvía la corona a Fernando VII. La guerra había concluido, aunque a un alto precio en pérdidas humanas y materiales, y se había debilitado la posición española en el ámbito internacional.
Paralelamente al proceso de guerra tuvo lugar una revolución política, al reclamar las Juntas la soberanía nacional y convocar cortes, con el objetivo de dotar al país de un texto legal que liquidase el A. R. La Constitución de 1812 implantaba el liberalismo en España; es decir: proclamaba la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes y los derechos individuales. Resulta muy avanzada en estos aspectos y en el sistema electoral, masculino indirecto, para elegir a los diputados de unas cortes unicamerales. Por el contrario, contiene arcaísmos como la confesionalidad católica del Estado.
Junto a la constitución, las Cortes de Cádiz elaboraron una legislación con el mismo fin de acabar con el A.R. Destacan en este sentido reformas políticas como la división provincial; religiosas, con la abolición de la Inquisición, y, sobre todo, socioeconómicas: abolición de los señoríos y de la sociedad estamental, libertad económica y desamortización. Sin embargo, su efectividad real en España se vio limitada debido al contexto de guerra en el que nació y el retorno al absolutismo al regreso de Fernando VII en 1814.
LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II
La muerte de Fernando VII y el triunfo sobre el carlismo (Convenio de Vergara, 1839) supuso en España la instauración definitiva del liberalismo burgués. Las regencias de Mª Cristina y Espartero (1833-1843) durante la minoría de edad de la princesa, se caracterizaron por el enfrentamiento entre el naciente sistema
constitucional y las rémoras del pasado, representado este por el Estatuto Real de 1834.
La inestabilidad política y los enfrentamientos entre las dos visiones delliberalismo (doctrinal o moderado y radical o progresista) llevaron a adelantar la proclamación de Isabel II en 1843. Desde entonces, se consolidará un régimen liberal conservador que dará forma a una administración centralista, basada en el modelo francés, al tiempo que se desarrolla el capitalismo.
Pero el nuevo sistema no dio cabida más que a la oligarquía, única clase con derechos políticos y cuyo nivel de vida contrasta con la miseria general, lo que explica el alejamiento del conjunto de la población con respecto al sistema y a la reina. Ésta, además, se decantará reiteradamente por el grupo político moderado en detrimento de los progresistas, quienes sólo accederán al poder mediante el pronunciamiento y la insurrección. Esta situación concede un gran protagonismo al Ejército, siendo militares los líderes de los partidos políticos y, en definitiva, quienes gobiernen el país.
El predominio moderado en el poder explica que sean sus instituciones y principios políticos los que se impongan y que la Constitución de 1845 sea la más estable (23 años) del periodo. Frente a este sistema sumamente conservador, la oposición de progresistas, demócratas y un incipiente republicanismo, se unen contra la reina, cada vez más aislada y desprestigiada, en el Pacto de Ostende que conducirá a la insurrección de 1868 (“La Gloriosa”) y el derrocamiento de Isabel II.
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
El derrocamiento de Isabel II tras la Revolución de 1868 dio paso a un agitado sexenio durante el cual se pasó de la monarquía al régimen republicano en un intento frustrado de implantar en España el liberalismo democrático.
El Gobierno Provisional,presidido por Prim bajo la regencia de Serrano, abordó la doble tarea de buscar un rey y dotarse de una constitución, la democrática del 69 (sufragio universal, declaración de derechos y libertad de culto). Más difícil fue encontrar un candidato al trono que, además, muerto Prim, se encontró sin apoyo. La unidad contra Isabel II (Pacto de Ostende) de progresistas, demócratas y unionistas, se tornaría en enfrentamientos una vez obtenido el poder. La disensión interna, unida a la oposición de carlistas, alfonsinos y republicanos, además de la guerra de Cuba, haría fracasar a la monarquía democrática de Amadeo I, quien abdicó en 1873.
La república entonces proclamada tuvo, en su corta vida, cuatro presidentes y, aunque se discutió en las cortes el proyecto de constitución federal, los graves disturbios protagonizados por el cantonalismo impidieron el normal desarrollo de la vida política. El temor de la burguesía ante el curso de los acontecimientos facilitó la vuelta al conservadurismo. El paso general Pavía disolvió el congreso en enero de 1874 y entregó la presidencia a otro militar, Serrano, quien asumió la jefatura del Estado con poderes especiales y sin Cortes, hasta que el general Martínez Campos proclame en diciembre a Alfonso XII como monarca.
EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN
La restauración de la monarquía borbónica en 1875 supuso la vuelta el poder de la burguesía conservadora. El sistema ideado por Cánovas del Castillo y encarnado en Alfonso XII, se basaba en la existencia de dos partidos monárquicos (Conservador y Liberal) que se alternaban en el ejercicio del poder (turnismo) para asegurar la estabilidad del régimen. Éste quedó configurado en la Constitución de 1976, que reflejaba los principios del liberalismo doctrinario, aunque con la flexibilidad suficiente como para permitir gobernar a los liberales de Sagasta.
Para que el sistema funcionara y los resultados electorales corroborasen los cambios de gobierno, se recurría al caciquismo (“jefe” local que hacía de intermediario entre sus vecinos y la Administración) y al fraude electoral, sobre todo desde que en 1890 se implantó el sufragio universal masculino. El analfabetismo y la dependencia económica hacían del campo, sobre toda en la mitad sur, feudo del caciquismo.
Aunque la Restauración supuso un periodo de estabilidad política y prosperidad económica, dejó fuera a la mayoría del país. La oposición –republicanos, nacionalistas y movimiento obrero- tomaría fuerzas cuando la crisis del 98 puso de manifiesto la fragilidad del sistema.
En 1898, con la pérdida de las últimas posesiones coloniales, entraba en crisis el sistema de la Restauración.
La Paz de Zanjón había puesto fin la Guerra Larga con Cuba (1868-78), pero su incumplimiento, sumado al descontento criollo por motivos políticos y económicos, así como la injerencia de EEUU (en plena expansión económica y territorial), reactivaron el conflicto en 1895. El grito de Baire y el Manifiesto de Montecristi –escrito por José Martí- dieron inicio a una guerra por la independencia que Martínez Campos,
gobernador de la isla, se sintió incapaz de controlar.
La política de guerra total practicada por el general Weyler, aunque muy eficaz desde el punto de vista militar, suscitó la crítica internacional, sobre todo de Estados Unidos. El incidente del “Maine” (1898) dio a esta nación motivos para declarar la guerra. La desigualdad de fuerzas en el doble frente de Cuba y Filipinas provocó la rápida derrota española. Por el Tratado de París se concedía la independencia a Cuba y EEUU adquiría Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam.
La derrota, junto a las pérdidas humanas y económicas, dio lugar a una grave crisis de conciencia nacional. El deseo de “regeneracionismo”, que debía librar a España de sus males políticos, alentó el auge de la oposición a la Restauración y significó el comienzo de la crisis de este sistema.
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
El pronunciamiento militar de Primo de Rivera en 1923 puso fin a la Restauración. La inestabilidad gubernamental y la crisis del sistema parlamentario (como venía ocurriendo en otras naciones europeas), unidas a los problemas de orden público y los reveses militares en Marruecos, explican la falta de oposición al golpe de Estado, apoyado abiertamente por el rey, el ejército y la burguesía.
El dictador constituyó un Directorio Militar (1923-1925) para apoyarse en las tareas de gobierno y, presentándose como solución sólo temporal, emprendió su política de “regeneracionismo militar”: orden público, sumisión del poder político al militar, centralismo y resolución del problema marroquí. Pero, lejos de volver a la legalidad constitucional, pretendió institucionalizar el régimen mediante el Directorio Civil (1925-1930, con la creación de un partido único de inspiración fascista: la Unión Patriótica, y una Asamblea Consultiva de carácter corporativo.
Desde el punto de vista económico, el régimen contó con la ventaja de la pujanza de los años 20. El intervencionismo y dirigismo económico del Estado se manifestó en el fomento de la producción, sobre todo de sectores estratégicos (minería, transportes, siderurgia y naval), la creación de monopolios, el proteccionismo y la política de obras públicas. Las repercusiones inmediatas fueron muy beneficiosas, aunque dejaron endeudado al Estado.
En lo social, la política paternalista y de pequeñas concesiones para evitar la conflictividad social se llevó a cabo a través de la Organización Corporativa Nacional y con la colaboración de la UGT. Pero desde 1929 se empezaron a apreciar los efectos negativos de la crisis económica mundial y la oposición arreció ante la permanencia de un régimen que inicialmente se decía temporal y que no había resuelto los problemas estructurales del país.
Tras la dimisión de Primo de Rivera en 1930 se sucedieron los gobiernos de Berenguer y Aznar, ambos con la intención de volver a la legalidad de la Restauración, pero la oposición, unida en el Pacto de San Sebastián (1930) consiguió hacerse con las capitales en las elecciones municipales de abril de 1931 y derrocar a la monarquía.
LA II REPÚBLICA
La II República constituyó un intento de democratización y resolución de los viejos problemas del Estado que se vio frustrado por la Guerra Civil y la posterior dictadura.
A la proclamación, tras el triunfo electoral en las capitales de provincia en abril del 31,siguió la formación de un gobierno provisional, formado por todos los partidos que se habían opuesto a la monarquía y la dictadura (republicanos, nacionalistas y socialistas), presidido por Alcalá-Zamora. Sus primeras medidas reformistas (laborales, militares, educativas, agrarias, autonómicas, etc.) encontraron la oposición de la oligarquía y de
la Iglesia. Además, la República tuvo que hacer frente a las demandas de las organizaciones obreras, muy radicalizadas.
Las cortes constituyentes aprobaron la Constitución de 1931, democrática y muy avanzada para la época. Además de una larga declaración de derechos, permitía la concesión de autonomía territorial y establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. Ambos asuntos, muy controvertidos, rompieron el consenso inicial de apoyo al nuevo régimen y colocaron en frente a las clases más conservadoras.
Una vez aprobada la constitución de 1931, se constituyó el gobierno republicanosocialista presidido por Azaña, bajo presidencia de Alcalá-Zamora, que prosiguió con las reformas del gobierno provisional (Bienio reformista, 1931-1933): reforma agraria, del Ejército, educativa, concesión de autonomía para Cataluña, medidas de secularización del Estado y legislación laboral. Reformas que parecían demasiado revolucionarias a la derecha y muy conservadoras y lentas a las organizaciones obreras, especialmente la CNT, y que hicieron caer al gobierno.
El triunfo electoral de la derecha en 1933 (Bienio Conservador, 1933-1935) supuso la paralización de todas las reformas y la polarización de la política y la sociedad españolas en dos bloques cada vez más irreconciliables. La Revolución de octubre de 1934 y su represión separaron aún más a ambos bloques. En ese ambiente prebélico se produjo el triunfo del Frente Popular (coalición de todos los partidos de izquierda) en 1936, con Azaña en la presidencia de la República y Casares Quiroga el frente del gobierno.
La vuelta a las reformas del primer bienio, la radicalidad de ambos signos y la violencia en la calle se emplearon como inadmisible justificación de la conspiración militar y el posterior golpe de estado que acabaron en la Guerra Civil y posterior dictadura.
SUBLEVACIÓN MILITAR Y GUERRA CIVIL
Las reformas de la II República intentaron dar solución a los viejos problemas del país, pero condujeron a la división de los españoles. El triunfo frentepopulista en el 36 propició la conspiración militar. Desde Marruecos, el pronunciamiento se extendió a la Península el 18 de julio. En los primeros días Galicia, Castilla y León, parte de Aragón y Andalucía Occidental, además de los archipiélagos, estaban bajo control rebelde.
Pero el fracaso en las grandes ciudades y en el resto del territorio transformó el golpe en una guerra. El Estado republicano perdió el control de la situación en beneficio de las milicias sindicales que habían parado a los sublevados.
La contienda se desarrolló en tres etapas fundamentales. El frente de Madrid (verano del 36/primavera 37) se estabilizó al no conseguir los insurrectos tomar la capital. El frente norte (primavera/otoño 37) supuso la incorporación a la zona nacional de la región industrial y minera más importante. El frente este (otoño 37/primavera 39) protagonizó las batallas más duras de la guerra, con el avance rebelde por el valle del Ebro hasta alcanzar el Mediterráneo y, posteriormente, conquistar Cataluña. Madrid se rendiría al acabar marzo.
El gobierno republicano reaccionó con lentitud ante el pronunciamiento militar del 36, viéndose pronto sobrepasado por las milicias de partidos y sindicatos que habían conseguido frenar a los rebeldes. El gobierno de Giral (julio/sep. 36) perdió el control.
El poder se atomizó y las colectivizaciones se extendieron a industrias, transportes y tierras. También la represión incontrolada. Para hacer frente a la guerra era necesario unificar esfuerzos y que el poder volviera al Estado. Un primer paso en ese camino fue el gobierno de concentración de Largo Caballero (sep. 36/may.37). Con Negrín (may.37/mzo. 39) el Estado recuperó su poder apoyado por la estrategia del PCE
(primero ganar la guerra en defensa de la república democrática). Su objetivo era resistir a toda costa hasta que la guerra europea estallase.
Otro sector (Casado y Besteiro), partidario de negociar la paz, acabó por levantarse contra Negrín, facilitando así el triunfo definitivo de los insurrectos.
En el bando “nacional”, por el contrario, se impuso desde el primer momento el poder militar unificado, bajo control de Franco, jefe del Estado, del Gobierno, “generalísimo” de los ejércitos y líder del partido único. La represión fue usada como arma política y todas las reformas republicanas fueron suprimidas. La Iglesia y la
oligarquía recuperaron su poder y respaldaron a Franco.
Aunque el Comité de No Intervención defendió la neutralidad frente al conflicto español, los insurrectos contaron con la ayuda de Alemania e Italia, en soldados y armamento. La República tuvo la colaboración, muy inferior, de la URSS, México (más simbólica que efectiva) y con las Brigadas Internacionales, voluntarios en la lucha contra el fascismo.
La guerra civil tuvo importante consecuencias demográficas y materiales, como todas las contiendas, pero, además, vino seguida de la dura represión sobre los vencidos y de una larga dictadura.
LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y
APOYOS SOCIALES
El régimen franquista, impuesto como consecuencia de la guerra civil, se caracterizó por la concentración de poderes en el dictador. De ideología anticomunista y antiliberal, el catolicismo se convirtió en seña de identidad, así como la exaltación de los valores más tradicionales de un pasado glorioso, junto a un nacionalismo centralista.
Apoyado por la oligarquía tradicional y los pequeños propietarios rurales, consiguió la despolitización del conjunto de la sociedad por el miedo y la represión. Esta se articuló a través de los tribunales militares que aplicaban una dura legislación (Ley de Responsabilidades Políticas, etc.). Por otra parte, el control de los medios de comunicación y la propaganda ejercida por la Iglesia y el Movimiento contribuyeron a acallar cualquier crítica. El nacional-catolicismo era la base político-ideológica del régimen.
Para institucionalizar el nuevo Estado, se valió del Movimiento Nacional, integrado por el partido único que surgió de la fusión de carlistas, falangistas y demás apoyos políticos (FET y de las JONS) y las organizaciones de él dependientes. El Movimiento suministraba los cuadros dirigentes y permitía encuadrar a la población, a la vez que adoctrinarla, en una peculiar “democracia orgánica”. Vinculado a él, la Organización Sindical, vertical y de obligada sindicación. Junto a Falange, la Iglesia y el Ejército constituyeron los grupos de poder (“familias”), siempre en equilibrio, para evitar la preponderancia de uno de ellos. A falta de una constitución, las Leyes Fundamentales (Fuero del Trabajo, Ley de Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Referéndum Nacional, Ley de Sucesión, Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y Ley Orgánica del Estado, entre 1938 y 1967) dieron cuerpo legal al franquismo.
La posguerra (años 40) se caracterizó políticamente por el predominio de Falange y la represión. La vinculación a las potencias del Eje costó a España el aislamiento internacional tras la derrota de aquellas en la II GM. El país, destrozado por la guerra civil, padeció hambre y racionamiento. El aislamiento y la propia ideología fascista impusieron un régimen económico de autosubsistencia (la autarquía) e intervencionismo del Estado (creación del INI, Servicio Nacional del Trigo, nacionalizaciones, etc.), cuyos resultados fueron muy negativos. La sociedad, conservadora, católica y rural, vivía sumida en el miedo y el rígido control de la moral y las costumbres impuestos por la Iglesia y el Movimiento.
En los 50, la guerra fría trajo la aproximación al bloque occidental y la tímida apertura económica al exterior, sobre todo gracias a los acuerdos con EEUU. El catolicismo y la democracia orgánica sustituyeron al predominio falangista anterior. Había empezado el aperturismo de la dictadura tecnocrática.
LA TRANSICIÓN Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS
DEMOCRÁTICOS
Con la proclamación de D. Juan Carlos como rey en noviembre de 1975 se inició el proceso de cambio que condujo a la democracia por transformación pacífica del propio franquismo. El consenso que alcanzaron los aperturistas del régimen y la oposición, el apoyo del monarca y la propia transformación socioeconómica que había vivido el país desde los años 60 facilitaron el proceso, hábilmente conducido por Adolfo Suárez, tras el inicial gobierno continuista de Arias Navarro. No faltaron, sin embargo las dificultades, representadas por la obstinación de los franquistas más inmovilistas y por el terrorismo y las tensiones sociales, todo ello en un contexto de crisis económica. La Ley para la Reforma Política (1976) representó una ruptura consensuada con las leyes e instituciones franquistas. Restablecía la soberanía popular, representada por las
cortes democráticas, y los derechos y libertades. Tras la legalización de los partidos políticos, las primeras elecciones en democracia dieron el gobierno al partido de Suárez (la UCD), seguida por el PSOE, que había moderado mucho su discurso. Los españoles optaban por posturas moderadas.
El mismo consenso reinó en la elaboración de la Constitución, la cual reconoce, además de todas las características de un Estado democrático de derecho, el acceso a la autonomía. Tras su aprobación se inició el proceso autonómico, en primer lugar en las consideradas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), para extenderse después al resto del territorio nacional, constituido en la actualidad por 17
CCAA y dos ciudades autónomas.
Los gobiernos de Suárez (77/81), una vez aprobada la Ley para la Reforma Política, tuvieron que hacer frente a una difícil situación política (terrorismo extremista de izquierda y derecha, peligro de intervencionismo militar, etc.) y económica. Para hacer frente a la crisis económica se formaron los Pactos de la Moncloa. Pero la división interna de la UCD, el acoso de la oposición y el peligro de golpe de Estado hicieron dimitir a Suárez. Su sucesor, Calvo Sotelo (81/82), a pesar de asumir el gobierno coincidiendo con el intento golpista del 23-F (el mayor peligro de nuestra democracia) consiguió la estabilización del sistema democrático.
La etapa de gobiernos socialistas se extendió entre 1982 y 96, con Felipe González al frente. Concluyó entonces el proceso autonómico y de traspaso de competencias; se extendió la política social (educación, sanidad, seguridad social, etc.), la modernización del país (infraestructuras) y la plena incorporación a la comunidad internacional (adhesión a la Comunidad Europea, OTAN, etc.). La crisis económica de los 80 obligó a hacer duros ajustes en la industria, el mercado laboral y la fiscalidad. Pero no se consiguió rebajar el paro y la precariedad laboral aumentó.
Además, los casos de corrupción y del GAL acabaron por desgastar a un gobierno cada vez mas acorralado por los medios de comunicación y por la oposición. El PSOE daría así paso al gobierno del Partido Popular, dirigido por J.Mª Aznar, en 1996, prolongándose el mandato de la derecha hasta 2004. En su balance, destacan el crecimiento económico y la plena incorporación a la Europa del euro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario